Ley de Regulación de Corretaje Matrimonial Internacional (IMBRA)

¿Qué es IMBRA?

La Ley de Regulación de Corredor Matrimonial Internacional (IMBRA) se puso en marcha para proteger a los prometidos (e) y a los solicitantes de tarjeta verde basados en el matrimonio, en particular mujeres y niños, del abuso a manos del cónyuge patrocinador.

Solicitar un tarjeta verde de matrimonio viene con algunas preguntas de sondeo con respecto a la relación entre el cónyuge patrocinador y el cónyuge que busca una tarjeta verde. El gobierno de Estados Unidos necesita confirmar que la relación es real, y que usted y su cónyuge no se casaron únicamente con fines migratorios. Junto con preguntas sobre hitos importantes en su relación, el oficial entrevistador también puede hacer algunas preguntas delicadas para garantizar la seguridad del cónyuge que busca una tarjeta verde, como, “¿Esta relación fue intermediada?” o “¿Alguna vez su cónyuge o padrino ha sido física o mentalmente abusivo?” Es importante saber: estas preguntas no son una reflexión sobre ninguna de las personas individualmente, ni sobre el trasfondo étnico o racial de cualquiera de las dos.

Por la ley de los Estados Unidos, todos los patrocinadores de visas de matrimonio deben someterse verificaciones de antecedentes y al igual que todos los ciudadanos estadounidenses que patrocinan a alguien a través de un servicio de corretaje matrimonial, como un cónyuge por correo.

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Historia de IMBRA

Aprobada en 2005 tras la muerte de dos mujeres con tarjetas verdes matrimoniales a manos de sus maridos, IMBRA busca proteger a quienes vienen a Estados Unidos con visas de matrimonio del abuso, e incluso del asesinato. Los inmigrantes y los nuevos estadounidenses presentan vulnerabilidades únicas que incluyen barreras lingüísticas, poco o ningún sistema de apoyo, y una falta de conciencia sobre los recursos disponibles para ellos en caso de que se conviertan en víctimas de abuso o violencia. Adicionalmente, aquellos que llegan a través de una relación de intermediación, como un cónyuge por correo, están sin el apoyo social que otros pueden tener una vez en los Estados Unidos.

IMBRA requiere que el gobierno de los Estados Unidos proporcione información sobre los derechos legales, los posibles antecedentes penales del prometido (e) o cónyuge ciudadano estadounidense, y cómo acceder a la ayuda si una relación se vuelve abusiva.

La Ley busca proteger a las personas durante todo el proceso de intermediación de una relación. Por ejemplo, para proteger a los niños, las agencias internacionales que buscan conectar a las personas de forma remota, como las corredurías matrimoniales, pueden no proporcionar ninguna información (foto, información de contenido u otra) sobre cualquier persona menor de 18 años a nadie en los Estados Unidos.

Otras disposiciones clave de la Ley incluyen:

Verificaciones de antecedentes obligatorias — Se darán a conocer los antecedentes penales del peticionario, independientemente de su preferencia personal.

Divulgación del corredor matrimonial — Si una pareja se conoció a través de un corredor, esto debe ser revelado a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Si el corredor no cumple con los estándares, puede afectar la aprobación.

Nota: Si una pareja se conoció en línea, deben estar preparados para responder preguntas sobre el sitio web y su historial de citas digitales.

Prevención de Peticiones Seriales — Un ciudadano estadounidense puede solicitar dos visas K-1 en su vida. Este límite no se aplica a las visas conyugales.

Rechazo debido a violaciones anteriores — Un historial de ciertos delitos violentos o sexuales, como asesinato, agresión, explotación sexual y abuso, descalifica automáticamente a un posible patrocinador. Las exenciones pueden proporcionar exención de la descalificación automática, pero son muy difíciles de obtener.

Sanciones por desinformación —Si un solicitante o patrocinador tergiversó a sabiendas su información, podría enfrentar una multa o prisión.

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Conozca sus derechos

En todas las circunstancias, el abuso infantil, la violencia doméstica y la agresión sexual son ilegales en los Estados Unidos. Este no es un tema estado por estado — todas las personas tienen garantizada protección contra el abuso bajo la ley, independientemente de su género, orientación sexual, edad, raza, etnia o estatus migratorio. Estas protecciones se ponen en marcha tanto en el derecho civil como en el penal.

Como parte de IMBRA, USCIS está obligado a dar a conocer a las personas sus derechos y recursos. Una forma en que lo hacen es proporcionando el panfleto, “Información sobre los derechos legales disponibles para las víctimas inmigrantes de violencia doméstica en Estados Unidos y datos sobre los inmigrantes con una visa basada en el matrimonio”.

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Otras protecciones

Puede parecer que las protecciones civiles y penales contra el abuso doméstico y la agresión sexual son integrales, dado el lenguaje de que todas las personas están protegidas de ello. No obstante, en Estados Unidos, 1 de cada 3 mujeres experimenta algún tipo de violencia doméstica, en comparación con 1 de cada 4 hombres. En 1994, el Congreso aprobó la Ley de Violencia contra la Mujer, una ley federal que proporciona recursos y protecciones específicas a las mujeres, incluidas las mujeres inmigrantes y las mujeres en espera de documentación que sufren violencia doméstica. Bajo la administración Trump, se permitió que la ley caducara en 2018. Las negociaciones bipartidistas se llevaron a cabo en 2019, y sin embargo no pudieron llegar a un consenso sobre la aprobación. Es probable que bajo la administración Biden, la ley sea revivida y reinstalada de alguna forma —especialmente dado que el presidente Biden fue una de las personas que redactó la legislación original.

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